Siguiendo el ritmo de la globalización, las Agencias se han extendido por todo el mundo, estableciendo delegaciones en las principales ciudades, comprando por doquier pequeñas empresas similares preexistentes, con lo cual han alcanzado un grado de implantación casi monopolístico. El 19 de abril del 2000, el Financial Times, estimaba que entre Mody’s y la Standad & Poor’s, mediante sus calificaciones, controlan el 80% del flujo total de capitales a nivel mundial.
En primer lugar, niegan por principio cualquier responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos.
Actúan globalmente, pero escapan con estratagemas jurídicas a cualquier recurso ante los tribunales, otros que no sean los de los EEUU. Maestros del camuflaje, subdividen sus empresas en cientos de unidades autónomas imbricadas, con domicilios en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes británicas o el mini-estado norteamericano Delawere
Trabajan con independencia de las comisiones de control de mercados de valores nacionales, y los gobiernos parecen someterse incondicionalmente a la “autoridad” de estos árbitros etéreos.
Llama la atención, que precisamente, los propietarios de las agencias, sean al mismo tiempo, los principales comercializadores de instrumentos financieros corporativos, de los grandes fondos de inversión a riesgo, y los bonos soberanos, con lo que el circulo se cierra y es difícil de que, en esta circularidad viciable, no se impongan los intereses financie4ros de los dueños, pues bien sabemos, que de un modo u otro, todos estamos obligados a trabajar en favor de los dueños que invierten en las empresas que nos dan empleo.
Con este instrumento de las agencias de calificación, propiedad de los propietarios del capital, las grandes corporaciones, sustituyen el control y regulación estatal de corte socialdemócrata que ponía ciertos límites al uso y el abuso de la propiedad privada, en beneficio social, por una regulación privada y a su medida, disfrutando de la protección estatal. Los estados pasan de este modo a ser también parte de sus instrumentos, no solo para aportarles seguridad y asegurar el retorno de las deudas, sino también como agentes de expropiación de los bienes públicos, pues a través del manejo de las deudas públicas, los estados quedan sometidos a su merced, y lo mismo sucede con las empresas productivas, quedando toda vocación de producción de bienes en segundo plano de la economía, pues el primero lo ocupan, de este modo,los intereses financieros.
La red de intereses cruzados mediante participaciones cruzadas, crea una jerarquía transnacional creciente, difícilmente controlada por los estados. Una élite todo poderosa financiera desterritorializada, residiendo, por recordar a S. Baumman, en la “velocidad”, fuera del imperio de la ley, a modo de nuevo sistema estamental, del que depende todo el tejido estructural empresarial participado, librado a una furiosa competencia del mercado global, que se nutre de la energía de una población amplia global, desposeída, desprotegida y librada a su suerte en un magma desregularizado, donde operan sin ley, las más diversas y poderosas mafias.
Una ausencia de Ley en la cúspide, por que el poder financiero escapa a todo control, como los viejos señores feudales, una red de vasallos, y una multitud de siervos, desheredados y proscritos apátridas. Una nueva estructura de poder en definitiva, que liquida la estructura democrática, siempre débil, la soberanía moderna, que es su víctima y al mismo tiempo su protector. Una situación altamente contradictoria. Al capitalismo ultraliberal del siglo XX, la democracia aún liberal, ya no le es esencial, si es que alguna vez le fue. Su sistema de relaciones es “aideológico”; puramente instrumental.
Pero se vende con gran éxito la idea de que esas Agencias recientemente caídas de los cielos, han sido bendecidas por el Padre Eterno con el don de la objetividad y la imparcialidad del divino juez celestial, y dotados con todos los conocimientos relativos a la gestión financiera y contable de la economía, de la producción y del comercio, y todo un “matrix” estructural que les permite sus insuperables análisis, es el secreto operacional de la alta supuesta eficiencia de tales empresas…
Pero de hecho, las propias agencias, y con el fin de ponerse un paraguas de inmunidad seguramente, reconocen la relatividad y subjetividad de sus calificaciones; “ Las calificaciones no son datos objetivos – podemos leer en la web, w.w.w.fitchrating.com – y por lo tanto no pueden ser descritos como correctos o incorrectos. Las calificaciones no tienen ninguna garantía de integridad y exactitud… Una calificación no significa que la agencia apruebe que su nombre sea empleado como el de un experto” y del mismo modo se expresa Moody’s, que “no asumirá bajo ninguna circunstancia ante cualquier persona o entidad legal por… perdidas o daños ocasionados… por error o negligencia (de sus gerentes o empleados)… ni por aquellos daños ya sean directos o indirectos… que pudieran resultar del empleo o imposibilidad de empleo de cualquier información”.
En fin, esto es un blindaje en la inmunidad; a pesar de haber establecido jurídicamente, (ver acuerdos de Basilea) la obligación de todo operador financiero, incluidos los institucionales, a la doble calificación, como legal y de hecho sistema legal de regulación del mercado, se cierra toda posibilidad de recurso judicial, frente a la acción de las agencias. Quedan más allá del sistema jurídico, en la inmunidad, a pesar de su parcialidad e interés privado manifiestos, y se declaran, y así son ideológicamente presentadas, como legal y moralmente intocables. Angeles guardianes, espadas del Creador. Y por si fuera poco, ponen sus sedes legales decisorias, fuera del alcance, en paraísos fiscales, eso sí, junto a las de sus dueños y sus principales clientes.
Estas condiciones para la inversión, son maleables conforme a los intereses y los riesgos del inversor; el fondo de inversión a riesgo, sabe que cuanto mayor sea el volumen de los créditos a colocar, mayores serán sus ganancias, aun a riesgo de ciertos impagos… Ya sabemos por experiencia que ciertas deudas, como las bancarias, pueden ser pagadas por fondos públicos… Lo sabemos nosotros ahora, pues lo han consagrado en la reforma de la Constitución Artº 135, del Sr. Zapatero, y previamente lo sabían los fondos de inversión financiera y las agencias… Pareciera que la objetividad en la evaluación, lo es, en cuanto y tanto sirve los intereses de sus amos. La objetividad utilitaria estriba en establecer que valores son seguros, al punto en que, en última instancia serán rescatados por los Estados, y cuales se tornan inseguros, y por tanto hay que deshacerse a tiempo de los títulos. Información privilegiada.
Cuanto mayores y a más largo plazo sean los créditos (las deudas), mucho mejor para los agentes financieros y las propias agencias; más objetos a calificar, más maniobrabilidad especulativa sobre la deuda. Lo esencial que esta prometa el pago bajo cualquier circunstancia, y para ello se ha creado otro “derivado”: los seguros de crédito, que a su vez son también empresas financieras sujetas a calificación, y detrás de ellos, por supuesto, el Estado.
A la más grande de estas aseguradoras americanas y del mundo, la AIG, ante el tamaño volumen del impago que sobrevenía, el Estado le inyectó, infringiendo sus propias leyes, en el último trimestre de 2008 unos 90.000 millones de dólares. Datos accesibles directamente en la red. Con ello lo que se hacía era salvar a los prestamistas: Deutsche Bank, Socièté General, Barclays, Goldman Sachs y otros bien conocidos…
Era evidente, pues basta con la aplicación del simple sentido común, sin recurrir a conocimientos especializados de economía, y nadie mejor posicionado para ello que las propias agencias, que en el caso de materializarse el riesgo de impago a escala, era imposible satisfacer los pagos por la aseguradora, sin embargo las calificaciones que le otorgaban a la fecha a AIG, eran excelentes.
Pero en esta lógica neo-liberal, los Estados, ciudades y municipios, en tanto son, por esta “moda”, considerados como empresas, pues todo lo privado “funciona mejor”, tampoco han de escapar a la calificación, incluso los llamados “en vías de desarrollo”, que a ello les obligan los acreedores y en especial el FMI, que al tiempo, obligan a los Estados a reducir los impuestos a bancos y grandes empresas, rentas altas y sobre el património, bajo el chantaje de no inversión y todas sus consecuencias, desempleo y desestabilización social… resultado, que la carga fiscal cae sobre la masa asalariada, mientras bajo el chantaje aumentan las ayudas económicas y subvenciones a grandes empresas… y cuando no se puede exprimir más al obrero y se es rehén del chantaje de bancos, financieras y grandes corporaciones, se dispara el endeudamiento y se cae más en las redes y el mecanismo especulativo perverso de la lógica instrumental financiera.
Recordemos que el Tercer acuerdo de Basilea (Basilea III), exige que los municipios se sometan a la calificación financiera de las agencias. La pretensión del neoliberalismo, es que los municipios sean administrados con los criterios empresariales y que tengan su propia autonomía y riesgo financiero, de modo autónomo de las finanzas del Estado. Claro queda, que débil en ingresos, también será débil en poder negociador de crédito, con lo cual, la propuesta beneficia claramente a los financieros, tal lo reconoce la propia Titch Ratings, sobre sus propias calificaciones a más de 10.000 municipios alemanes. (Citado Werner Rügemer Pga. 124)
Las tasas a pagar por la calificación a las agencias no son bajas, claro que también recaerán sobre el contribuyente; desde 50.000 a 1 000 000 de $ USA, claro que si conforme a “Basilea” han de ser doble la calificación, el coste será doble, y parece un coste solo amortizable precisamente por los emisores de crédito y de “productos estructurados”, en cuyo diseño, precisamente, participan en su trabajo ordinario las agencias, es decir, los propios dueños de las agencias, como vimos, pues ellos, obteniendo buenas calificaciones, obtendrán buenas colocaciones de sus títulos, y si los beneficios no son los deseados, las agencias ayudan a su rediseño, tal como reconocen altos ejecutivos de las propias agencias; (fondos estructurados) que reducen el riesgo y producen jugosos beneficios, y todo quedará en la gran casa común.
Las condiciones de objetividad, quedan más que en entredicho.
Esta parcialidad de la labor de las agencias, llega a presentar las características de una actividad mafiosa, cuando las mismas se arrogan el derecho a emitir calificaciones no solicitadas, por propia iniciativa, sin previo encargo. Si cuando han sido reprochadas por haber calificado recientemente con excelencia valores que dieron al traste, han argumentado que sus calificaciones se basan en los datos que les había facilitado el calificado, eximiéndose de toda responsabilidad… ¿En qué datos se basan cuando proceden a calificar una entidad que no les ha contratado…, en los datos públicos? ¿En este caso son suficientes? ¿A que se debe que en estos casos de calificaciones no solicitadas, estas resulten más bajas que las similares encargadas? Parece que es con la intención de que se les solicite una nueva calificación…
Pero entonces ¿que interés tendrían en calificar… el interés propio y el de sus dueños? Incluso se han dado casos en que alguna agencia, Moody’s, ha emitido calificaciones no solicitada, tras habérsele rescindido el contrato, recalificando desfavorablemente y causando graves perdidas, por lo que fue denunciada, aunque sin éxito. Su “opinión”, estaba amparada por la “libertad de expresión”: Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU. La función económica para-estatal y para-democrática, quedaba salvada, y su poder fáctico también.
El poder fáctico de las agencias, no solo se ejerce a través de las calificaciones expresas contratadas o no; se ejerce también a través de rumores, comentarios a los medios de comunicación, anuncios de procedimientos a emprender; su “legitimidad para-estatal” les confiere esa autoridad estética que ejercen las entidades metafísicas, y sus oráculos sacerdotales, quasi religiosos; un anuncio, sobre una posible calificación negativa de una deuda soberana, si no se progresa en reformas neoliberales, pueden condicionar muy gravemente las medidas políticas a aplicar, en forma de recortes a los servicios públicos de propiedad colectiva, y bajadas salariales o de las pensiones…
Esta actuación velada, mediante comentarios a los media, entraña una actuación política a favor de los intereses privados de las corporaciones, la propiedad privada, y la debilitación no solo de las economías subsidiarias, sino las de los propios Estados, que, siguiendo los intereses neoliberales, quedaran más y más a merced de los intereses financieros; de esto hay abundantes datos que afectan no a las economías de estados débiles, sino que ha afectado a estados solventes, como pueden ser Alemania, Austria o Francia.
La acción política ilegítima de las agencias, llega a parangones tales como lo sucedido en diciembre de 2011, pocos días antes de la celebración de la cumbre europea sobre la crisis del euro, cuando Standard & Poor’s amenazó con bajar globalmente su calificación a 15 países de la “zona euro”, incluyendo la mismísima Alemania, si no se tomaban “unas decisiones claras”.
Pero el objetivo de esta labor, de esta intervención política de las agencias, no es el debilitamiento de los Estados, sino, tal como quería el “ordoliberalismo”, y concretaron los fascismos en el primer tercio del siglo pasado, es conseguir un Estado fuerte, que no tenga más remedio que actuar en favor de los beneficios del capital, y fuerte para contener cualquier reacción popular emancipatoria, ante las lógicas consecuencias de unos salarios míseros y unos servicios sociales bajo mínimos.
Si rastreamos las exigencias que las agencias, con sus aliados el FMI, Banco Mundial, etc. nunca han sido, para cumplir con las condiciones del crédito, subir los impuestos de las grandes fortunas, o sobre el patrimonio, o los beneficios del capital, ni la persecución del fraude fiscal, o persecución de los paraísos fiscales; de hecho ellas mismas, tienen allí sus sedes principales…
Lejos de limitar el Estado según las predicas liberales en favor de la libertad y la competencia, se quiere un estado fuerte que garantice las estructuras más adecuadas a los intereses del capital financiero. De ahí la deriva autoritaria que se observa acentuada desde hace un par de décadas, en las democracias liberales occidentales, en las que se van desarrollando leyes en condiciones excepcionales, que se consolidan, conformando progresivamente un real “estado de excepción permanente”.
De las exigencias presentadas a los Estados, para cumplir con las condiciones de crédito, tampoco aparecen la disminución del presupuesto militar, policial u otras formas de seguridad…
Las exigencias, siempre son los recortes en los presupuestos sociales, reducción de las plantillas tanto en servicios públicos como en empresas privadas, la venta de la riqueza colectiva o pública, recortes de sueldos y pensiones…
“Tales exigencias coinciden exactamente con las de la industria financiera, los grandes consorcios, el FMI, y las enseñanzas neo-liberales. Los criterios de las agencias de calificación no se diferencian en punto alguno, de las de los principales actores del sistema capitalista. Lo que persigue es un “Estado fuerte”, que favorezca a los “fuertes” en su expansión global y su ejercicio agresivo del poder, y los proteja de los “débiles” (Werner Rügemer, fin del capítulo VII).
En definitiva, lo que parece cocerse continuamente entre bambalinas, es el manejo de la información privilegiada, para los fructíferos movimientos financieros de los grandes inversores, que, como vimos son los mismos propietarios de las agencias, y ese manejo de esa información privilegiada es tan perversa, que muchos hablan de actividad mafiosa, o como Paul Krugman, de “sistema extremadamente corrupto”, oportunamente apalancado por las “profecías autocumplidas” – nos diría Kant – de los dictámenes, comentarios y advertencias de los oráculos del poder económico trascendental, mediante las agencias.
CUAL ES SU PODER Y LEGITIMIDAD
De todos modos, esta realidad monopolística, no podría sostenerse jurídicamente, si no fuera por la complicidad de importantísimos estamentos públicos y de gobierno, y es que a estas alturas de capitalismo de siglo XXI, capital y Estado han llegado a su más alto grado de identificación; la presión de las grandes corporaciones ha conseguido que los Estados han dejado de ser empresarios emprendedores en la economía productiva y pública, y que pasen a ser gestores interempresariales, y vigilantes de las reglas, tal como quería el “ordoliberalismo alemán”.
El poder de las agencias de calificación no emana del enorme poder de los grupos financieros que son sus dueños, sino del hecho “parapolítico” de que los gobiernos y parlamentos de los países occidentales, a partir de los años setenta, les han encomendado la tarea de regular el sistema crediticio, delegándoles, sin contrapartidas ni instrumentos jurídicos para controlar su acción, el poder que democráticamente los ciudanos habían delegado en ellos, globalizando lo que ya antes se había realizado en los EE.UU. Son una especie de Empresas Colaboradoras de la Administración, pero sin responsabilidades por sus tareas y consecuencias de sus actuaciones, sin tribunales frente a los cuales rendir cuentas.
Aquella cesión de poderes de arbitraje, que debía ser la tarea principal del Estado, según el liberalismo clásico y el liberalismo social, se ha convertido en un poder autónomo trascendente, que como hemos visto se ejerce contra los propios Estados, y sus ciudadanos, llegando, al final del desarrollo, a convertir al Estado en instrumento al servicio de los intereses particulares, tal que hubiera hecho las delicias de cualquier fascismo o totalitarismo.
Como ya apuntamos anteriormente, las agencias, se declaran irresponsables sobre las consecuencias de su calificación
En definitiva la deriva supone el desliz de la soberanía moderna, del Estado nación, soberanía ya de por si trascendental, a un grado mayor de trascendencia, en cuya consolidación, algunos filósofos posmodernos, han querido ver la conformación de una soberanía imperial, que sería ontológicamente la nueva forma trascendental de la soberanía.
De modo que el poder alcanzado por las agencias, es un poder ontológico, metafísico, el poder que ejercen mediante las calificaciones como instrumento, es creativo de realidades; con su acción no se limitan a emitir una opinión sobre el estado de los hechos, sino que intervienen en los hechos mismos, los crean y los trasforman. En términos más concretos, con su acción, intervienen en las empresas y en los Estados, y provocan en ellos los cambios necesarios conforme a los intereses de sus dueños, que a su vez son los grandes financieros prestamistas. En la cúspide se toman decisiones que afectan a la economía mundial y a los Estados, y por supuesto, a los ciudadanos.
